La cobertura periodística de precandidatos ligados a carteles de la droga en el proceso electoral de 2016 provocó el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea el 23 de marzo de 2017. Cuatro años después, el sistema político-electoral y criminal continúa intacto.

Detrás de ese homicidio hay comunidades completas víctimas de violencia política, porque la corresponsal de La Jornada hizo visible una serie de violaciones a los derechos humanos en la Sierra Tarahumara, tanto de pueblos indígenas como mestizos. La narcopolítica sólo es la muestra del terror y las heridas con los que se han acostumbrado a vivir en esa región.

Estos abusos son parte de un sistema de gobierno, que inherentemente, está entretejido con el crimen organizado. Para gobernar en la Sierra Tarahumara, los partidos políticos hacen arreglos con los representantes de grupos locales con poder, incluso cuando estas personas no tienen una lealtad partidista y tienen lazos conocidos con grupos criminales.

En el actual proceso electoral, el tema de narco política ha dejado de ser un tabú. Los mismos candidatos hablan de éste en sus promesas para recuperar la seguridad en la región y en el estado de Chihuahua.

Como si fuera un campo minado, la ciudadanía de la Sierra Tarahumara y del estado de Chihuahua, acudirá a las urnas a elegir a sus próximos gobernantes. Elegirán al nuevo gobernador, a 67 alcaldes o alcaldesas, 67 síndicos, 33 diputados locales y 9 diputados federales.

Un legado vergonzoso

En 2016, en la lista de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron identificadas personas relacionadas con carteles. Uno de ellos fue el precandidato a la alcaldía de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino del líder del grupo llamado “Los Salazar” del cartel de Sinaloa, Crispín Salazar.

Chínipas se encuentra en la Sierra Tarahumara, colinda con el estado de Sonora y por décadas, la región ha sido controlada por Los Salazar, según han reconocido las autoridades estatales y federales en el juicio contra dos de los imputados en el homicidio de Miroslava. Previo a la contienda electoral, se desataron los índices de violencia en la zona y generó el éxodo de alrededor de 500 familias hacia Sonora.

Otra candidata señalada por su vínculo familiar  en 2016, con otro capo de la droga, fue Silvia Mariscal Estrada, suegra de quien era el líder del grupo La Línea del cartel de Juárez, Arturo Quintana “El Ocenta”, quien fue detenido en 2018.

Bachíniva está ubicado en el noroeste del estado, región que lideraba La Línea, del cartel de Juárez y donde los últimos años ha habido feroces enfrentamientos por la lucha por el trasiego de droga. Bachíniva y Chínipas eran gobernados por Acción Nacional. Los dos precandidatos fueron cambiados por otros, una vez que se publicó su nexo con el narcotráfico.

En Chínipas, el candidato que suplió a Juan Salazar fue Jesús Ramín Quinto Agramón Varela, cercano al mismo cartel y en 2018, el PRI postuló como candidato al actual alcalde que ahora intenta reelegirse en el actual proceso electoral, Salomé Ramos Salmón.

Ramos Salmón es cuñado de Jesús Alfredo Salazar Ramírez “El Muñeco”, detenido en 2012 con fines de extradición a EU. Su hermana es Rafaela Ramos, esposa de “El Muñeco”, quien está acusado de varios asesinatos como el del activista Nepomuceno Moreno en Sonora en 2011 y desapariciones del periodista José Alfredo Jiménez Mota en 2005, también en Sonora.

“El Muñeco” es hijo de “Don Adán” Salazar Zamorano, dueño del cartel Los Salazar, quien fue detenido en 2011. Lo sucedió “El Muñeco” que fue detenido un año después y a éste lo suplió su hermano Adán Salazar Ramírez, asesinado en 2016. Actualmente el capo es Crispín Salazar Zamorano, hermano de “Don Adán”.

Crispín Borunda es señalado como presunto autor intelectual en el caso de Miroslava Breach, pero aún no lo detienen. En diciembre pasado, aprehendieron al exalcalde de Chínipas, el panista Hugo Amed Schultz, acusado de ser cómplice en el homicidio de la periodista.

Como resultado, el PAN no postuló candidato a la alcaldía de Chínipas este año. De ocho partidos que contienden a nivel estatal, sólo tres registraron candidatos: Movimiento Ciudadano, Morena y el PRI.

Cuando el PRI postuló de manera abierta a candidatas y candidatos cercanos a grupos delictivos, el gobernador era César Duarte Jáquez, quien se encuentra preso en Miami, Florida desde el 8 de julio de 2020, con fines de extradición por haber creado una red de corrupción que cruzó todos los partidos en la entidad.

Actualmente, la candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua es María Eugenia Campos Galván, quien fue diputada local en el segundo trienio de Duarte, y ahora está vinculada a proceso porque presuntamente recibió dinero ilícito del gobierno priísta anterior, como parte de la “nómina secreta” de César Duarte.

Duarte utilizó esa “nómina secreta” para comprar voluntades de legisladores, líderes de partido, líderes religiosos y periodistas. En esos pagos irregulares, están implicados personajes de todos los partidos políticos.

Entre los implicados está Cruz Pérez Cuéllar, senador de Morena con licencia, quien es candidato a la alcaldía de Juárez. Él era líder de Movimiento Ciudadano en el gobierno duartista y anteriormente, fue presidente estatal del PAN, de donde fue suspendido.

Otro es Armando Cabada Alvídrez, ex alcalde independiente de Juárez, regresó 4 millones de pesos el año pasado a la Fiscalía General del Estado, para evitar ser encarcelado como parte de la “nómina secreta”. Él era periodista en el gobierno de César Duarte. Ahora es candidato por Morena a una diputación local.

En el gobierno de César Duarte y los primeros dos años del actual gobierno, se registró el mayor número de homicidios de candidatos de la Sierra Tarahumara y de autoridades. Desde 2018, sin embargo, hay menos violencia y en el actual proceso electoral no se han registrado hechos violentos expuestos. De todas formas, desde el inicio del gobierno de Javier Corral en 2016, los índices de criminalidad e impunidad han incrementado.