Democracia entre balas
La captura criminal: el otro fenómeno electoral
Amalia Pulido Gómez
Este ensayo es parte del proyecto Democracia entre balas
La violencia política ha sido la protagonista del actual proceso electoral. De acuerdo con Lantia Intelligence, se han registrado más de cien eventos de violencia político-electoral hasta el mes de marzo. Es decir, más de cien actores políticos han sido víctimas de ataques, agresiones, amenazas y ejecuciones. La violencia política no se manifiesta de manera homogénea, sino responde a dinámicas y esquemas políticos singulares de cada una de las regiones en donde ocurre (Trejo y Ley 2021). En la mayoría de los casos, resulta imposible ignorar el papel que tienen las organizaciones criminales en este tipo de eventos.
No resulta extraño que el crimen organizado busque influir y manipular la política, sobretodo en el nivel local. En un contexto de alta competencia criminal, y en donde las ganancias económicas son millonarias, está en el interés del crimen organizado manipular y controlar a los gobiernos locales. Contar con gobiernos locales afines, les permite a las organizaciones criminales controlar a las policías municipales, extraer rentas estatales y tener acceso a otros beneficios como licitaciones y obra pública.
En ciclos electorales, el crimen organizado emplea dos grandes estrategias que le permiten tener acceso a la esfera local. La primera estrategia es la violencia política, la cual ha recibido mayor atención por su letalidad e impacto. Sin embargo, la segunda estrategia es la captura de candidatos. En este texto explicaré este mecanismo, sus implicaciones, y ofreceré un diagnóstico sobre la captura de candidatos en el actual proceso electoral.
La captura criminal
Para maximizar sus ganancias, poder operar sin restricciones y continuar con sus actividades ilegales, las organizaciones criminales necesitan asegurar esquemas de protección estatal que no solo les garanticen su sobrevivencia en el mercado criminal, sino que les permitan consolidarse como organizaciones hegemónicas y eliminar a sus rivales (Snyder y Durán, 2009; Moncada, 2021). Para poder establecer estas redes de protección, uno de los mecanismos que el crimen organizado emplea es la captura de candidatos y candidatas durante los ciclos electorales. Así como las organizaciones criminales amedrentan y atentan en contra de candidatos que no son afines a ellos, también buscan establecer pactos políticos con candidatos que, en caso de resultar ganadores, favorecerán los intereses de estas organizaciones. Estas dos estrategias no son excluyentes. Es altamente probable que en plazas que son de vital importancia, las organizaciones criminales busquen reducir la incertidumbre política y criminal empleando tanto la violencia letal en contra de candidatos, y estableciendo pactos político-criminales con candidatos.
Sin embargo, aunque cada vez se reportan más casos de conexiones criminales de actores políticos, sigue siendo un fenómeno poco analizado por la escasa información con la que contamos. Las implicaciones para los periodistas que reportan este tipo de eventos pueden ser fatales, y sale a luz una muestra muy alejada del universo total de casos de esta naturaleza.
Aunque la captura criminal de candidatos no tiene las repercusiones letales de la violencia política a corto plazo, es un fenómeno que de igual forma tiene afectaciones profundas a la democracia y a la gobernabilidad, y que por lo tanto no podemos ignorar. Basta recordar la tragedia de Ayotzinapa en 2014, en donde la colusión que existía entre las autoridades locales y el crimen organizado fue una condición necesaria para poder perpetrar este evento. En el nivel local existen múltiples ejemplos en donde entre la autoridad local y la criminalidad ocurre un proceso de simbiosis. Es decir, la frontera entre lo político y lo criminal es casi inexistente. Tener alcaldes que son controlados por el crimen organizado tiene graves repercusiones en los niveles de impunidad, de corrupción y de libertades para los ciudadanos.
En regiones en donde la autoridad local está capturada por el crimen organizado es altamente probable que la libertad de expresión sea inexistente y que en el mediano plazo se genere violencia por disputas criminales. La captura criminal no es un problema exclusivo de México. En otros países de la región, como Brasil y Colombia se ha identificado y analizado este fenómeno, en donde incluso líderes criminales deciden las nominaciones partidistas (Desmond 2018).
La captura de lo local no termina en las elecciones. La selección de candidatos es la primera esfera en que el crimen organizado intenta capturar al Estado. Una vez que el crimen organizado selecciona a aquellos candidatos que le resulten afines, empleará distintas estrategias que maximicen las probabilidades de triunfo de estos personajes. Por esta razón, los candidatos con conexiones criminales tienen una mayor probabilidad de triunfo. No olvidemos que además de las grandes sumas de dinero que puede aportar el crimen organizado a las campañas, en algunas regiones tienen una importante base social de apoyo. También, el crimen organizado eliminará o intimidará a cualquier candidato incómodo en la contienda electoral. Sin embargo, esto tiene importantes implicaciones en términos de gobernabilidad y democracia. Los candidatos capturados por el crimen organizado que logren el triunfo, no se lo deberán al electorado, sino más bien a la organización criminal que los impulsó.
Foto: Michael Lettieri
En la actual jornada electoral se han identificado veintiún candidatos y candidatas que tienen algún tipo de conexión criminal. Con base en información pública, se ha sistematizado información sobre los perfiles de estos candidatos. El 55% de los candidatos con algún tipo de conexión criminal buscan una alcaldía, el 22% una gubernatura, y el resto una diputación local o federal. Es decir, el control de los ayuntamientos es lo más codiciado por el crimen organizado. En 10 estados se registró al menos un candidato con conexiones criminales[1]. Los estados más afectados por la captura criminal son Guerrero y Puebla, concentrado el 24% de los casos identificados respectivamente.
En el caso de Guerrero, se han identificado cuatro organizaciones criminales con lo que los candidatos tienen vínculos, lo cual refleja la realidad del estado y las diversas disputas criminales que existen en las diferentes regiones de Guerrero. En el caso de Puebla, se identificó que las conexiones criminales se han establecido con organizaciones criminales locales. Otro caso que resulta relevante es el de Ciudad de México, en donde es con la Unión Tepito con quien los candidatos capturados tienen sus relaciones criminales.
Como se ha mencionado anteriormente, analizar este fenómeno tiene varias limitantes. La primera es la información. El que solamente se tenga registro de candidatos capturados en diez estados no sugiere que en otras entidades no ocurra la captura criminal. Una posible explicación indica que en los estados sin registros de captura criminal el fenómeno ocurra con menor frecuencia y que los casos no acaparen la atención mediática por temor a represalias y al control criminal de la prensa.
Por otro lado, es también probable que en regiones en donde exista un control criminal hegemónico, estos casos no se hagan públicos. Es decir, al no existir organizaciones rivales, es probable que estos casos no se filtren y se mantenga un statu quo en donde el crimen organizado dispone de candidaturas como una estrategia ya socializada por la población y la clase política. Llama la atención que estados como Jalisco o Sinaloa, por mencionar algunos, no registren ningún caso. Sin embargo, en ambos casos existe una organización criminal dominante.
La captura criminal es una realidad que daña a la democracia en México. Al igual que la violencia electoral, la captura de candidatos compromete la calidad de la democracia y la capacidad del Estado frente a las organizaciones criminales. Es urgente voltear la mirada a este fenómeno que está afectado, sobretodo, al nivel local. Sin una eficiente coordinación entre diferentes esferas de gobierno, instituciones electorales, partidos políticos e instituciones de seguridad, la captura criminal seguirá siendo una realidad en cada ciclo electoral. Es necesario establecer protocolos para la detección de estos casos y actuar en consecuencia. Tanto partidos políticos como autoridades electorales y de seguridad deben asumir su responsabilidad y garantizar a los ciudadanos candidatos de calidad. Sin esta condición, México seguirá siendo una democracia inacabada.
Referencias
Arias, Desmond. 2018. Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. Cambridge University Press.
Moncada, Eduardo. 2021. “Resisiting Protection: Rackets, Resistance and State Building” Comparative Politics.
Snyder, Richard y Angélica Durán-Martínez. 2009. “Does illegality breed violence? Drug trafficking and state-sponsored protection rackets”. Crime, law and social change 52(3): 253-273.
Trejo, Guillermo y Sandra Ley. 2017. “High-Profile Criminal Violence: Why Drug Cartels Murder Government Officials and Party Candidates in Mexico” British Journal of Political Science .
[1] Los estados son: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.
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Amalia Pulido Gómez es Profesora de la División de Estudios Políticos del CIDE.
Amalia Pulido Gómez es profesora de la División de Estudios Políticos del CIDE. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de los sistemas electorales, la violencia criminal y política, y como los procesos de democratización con una perspectiva comparada.
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“Democracia entre balas” es un proyecto del Mexico Violence Resource Project apoyado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego. Para descargar un archivo PDF de los ensayos haga click aquí. Para más información sobre el Mexico Violence Resource Project, visite nuestra página haciendo click aquí.