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Democracia entre balas

Voto o plomo: La lógica de la corrupción y las candidaturas impuestas en Sinaloa

Marcos Daniel Vizcarra Ruiz

Este ensayo es parte del proyecto Democracia entre balas

La participación criminal en los procesos electorales y políticos en Sinaloa es un secreto a voces.


Hay reuniones, acuerdos, pactos. Eso se sabe, pero no se puede decir.


Los motivos no faltan. Para los líderes de organizaciones criminales, es de suma importancia tener políticos de confianza para poder asegurar operaciones ilícitas, pero también para garantizar la apropiación del territorio y mantener sus negocios ilegales.


Y este año hay un botín. En la elección de 6 de junio 2021, saldrá electo una gubernatura, 18 alcaldías con sus regidurías, 40 diputaciones locales y 7 diputaciones federales.


Las negociaciones obedecen reglas de política que no son nuevas. Para promover los candidatos preferidos, pueden poner dinero e impulsar movilizaciones, todo para cooptar el voto.


No es extraño que los candidatos desconocen, públicamente, a los vínculos. Pero están allí.


De acuerdo con documentos de la Mesa de Seguridad en Sinaloa, que reúne a las policías estatales, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, hay por lo menos seis candidaturas impuestas como “favores políticos”, pero que se traducen en acomodos para mantener el control de territorios por los grupos criminales.


Los funcionarios de los partidos señalan a los criminales como los “grandes votantes”, esos que son dueños de tierras, acaparadores y productores de drogas sintéticas y semi-sintéticas en distintas regiones, quienes son cuidados por pistoleros y tienen en sus nóminas a centenas de jóvenes que sirven de ojos en cualquier lugar. Les hacen llamar halcones o punteros y regularmente se transportan en motocicletas sin placas o con otras falsificadas. La mayoría de esos vehículos de dos ruedas son robados.


Los grupos criminales, divididos por fracciones, pagan también a policías municipales y estatales para hacer el mismo trabajo, pero con mayor información desde los radios de comunicación.  En Sinaloa hay por lo menos 300 denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra esos policías, pero ninguno ha sido procesado y, como se establece en los reglamentos internos, no pueden ser dados de baja, solo enviados a otras áreas de índole administrativa.


Parte de esta estrategia es el control político. Y para eso, en varios municipios del estado, los criminales imponen candidatos.


Riesgos

El caso de Sinaloa es tal vez distinto, pero no es único. La Secretaria de Seguridad en México, Rosa Icela Rodríguez, ha señalado que en siete estados de la República hay más riesgo de que aspirantes y candidatos sean cooptados por parte de la delincuencia, entre ellos Sinaloa.


“En los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco vemos más riesgo de que aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia”.


“Por eso decimos que la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en estas elecciones, ya sea mediante estrategias de complicidad o de presiones violentas”, dijo la Secretaria en conferencia matutina de este 4 de marzo en Palacio Nacional.


La advertencia no es simple, pues habló de este tema tras recordar que este año se definen los resultados de la elección más grande de la historia de México: 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más de mil 900 presidencias municipales, mil 63 cargos en congresos locales y más de 17 mil entre regidurías, sindicaturas y concejales, en suma más de 21 mil cargos.


El método para la imposición y cooptación de personas en puestos políticos corre con campañas de miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general. Asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian.


“Cooptan también acercándose a los precandidatos, se coluden con otros actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento, donativos en especie o les otorgan protección y personal capital humano para sus campañas”, agregó.


“En algunas regiones está intentando designar candidatos de áreas completas de los municipios, tomando el control de las finanzas y extorsionan, piden moches, diezmos tanto a los gobiernos como a sus proveedores”.


Datos de la mesa de seguridad en Sinaloa, cuya conformación incluye a las autoridades estatales y federales, señalan que en este proceso sí hay candidaturas cooptadas, aunque esa información no es compartida de manera pública.


No sería la primera vez, hay decenas de historias entre políticos sobre imposiciones de candidatos y candidatas, y algunas de ellas han sido parte de la historia criminal que ha estigmatizado Sinaloa.

Voto o plomo: La lógica de la corrupción y las candidaturas impuestas en Sinaloa

Foto: Félix Márquez

Caso Lucero Sánchez López

Fue reina del Carnaval de Cosalá, un Municipio de 2 mil kilómetros cuadrados y apenas 16 mil habitantes. Después de eso, a los 23 años llegó a ser la diputada más joven de Sinaloa apoyada por la coalición de PAN y PRD en acuerdo común con el Partido Sinaloense, elegida en 2013.


Su carrera política fue corta: ser diputada fue su primer y único puesto. Antes solo había sido reina del carnaval de Cosalá.


Hoy Lucero Sánchez López está detenida en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego, en Estados Unidos, acusada de conspiración con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas y lavado de dinero. Aunque su detención fue fortuita: quiso entrar a Estados Unidos sin saber que su visa estaba cancelada.


En el expediente estadounidense, un informante de la organización “Cártel de Sinaloa” declaró al Departamento de Seguridad Interna de EU que la sinaloense estaba con Joaquín Guzmán Loera cuando marinos estuvieron a punto de arrestarlo en Culiacán. Eso ocurrió el 17 de febrero de 2014, pero escapó por un túnel.


En ese mismo expediente se describió a Sánchez como una mujer que se jactaba de ser novia del capo y lo frecuentaba en el Penal de Almoloya con un nombre falso, el de Devany Vianey Villatoro Pérez, según datos de la Fiscalía General de la República.


La noche del 7 de julio de 2013, cuando Lucero Sánchez se enteró que había sido elegida como diputada local en Sinaloa hubo fiesta en Cosalá, pero ninguno de los partidos que arroparon su candidatura se adjudicaron su postulación. Prácticamente llegaba como una política independiente, aunque ya en el Congreso se le instaló en el grupo parlamentario del PAN.


El proceso electoral de Sánchez López fue histórico, pues de pronto una "desconocida" logró obtener la segunda votación más abultada en la historia de ese Municipio. El órgano electoral contabilizó 4 mil 167 votos, el 33 por ciento de las personas registradas en el padrón electoral de Cosalá.


El diario Noroeste documentó el 29 de enero de 2016 que la campaña de Sánchez López pudo haber sido auspiciada por Guzmán Loera, luego de obtener testimonios anónimos de pobladores sobre la posible relación con él. Nadie en ese municipio se atreve a hablar abiertamente de ese vínculo.


Versiones anónimas señalan que Sánchez López trabajó desde muy joven en la sierra madre occidental. Su labor era estar en la cocina para hacer tortillas a mano a personas que trabajaban en el campo, sembrando mariguana y amapola, donde conoció al líder del Cártel de Sinaloa, quien la habría apoyado para su campaña a candidata como reina del Carnaval de Cosalá.


La FGR documentó distintas reuniones entre Guzmán Loera y la legisladora y que, incluso, acudió a una fiesta en casa de su hermana.


Llamadas interceptadas en septiembre de 2013 a miembros del "segundo círculo" de Guzmán Loera, presentadas en su juicio en 2017, también permitieron detectar la participación de Sánchez López y su hermana en al menos dos operaciones para manejar dinero del narcotráfico, una por 500 mil dólares y la otra por 380 mil pesos.


En estas operaciones, la ex diputada local usaba el nombre clave Piedra, mientras que su hermana era conocida como Caro.

La mujer que llegó a ser la diputada más joven en la Cámara de Sinaloa aceptó todos los cargos en su contra, testificó contra Guzmán Loera y negoció una reducción en su pena con el gobierno de Estados Unidos.


Violencia política advertida

La empresa Etellekt Consultores señaló en su Tercer Informe de Violencia Política en México 2021 que en Sinaloa tiene el riesgo en este proceso electoral de tener un alto número de casos de violencia.


En casos más graves, se indicó, podría tenerse el asesinato de políticos o políticas, sobre todo con aquellos que se sostienen como opositores al poder político en turno, en este caso el PRI.


Por ejemplo, el asesinato de José Carlos Trujillo García, regidor del Partido del Trabajo por Navolato cuando recién salía de la presidencia municipal el 10 de noviembre de 2020. El edil de 30 años había salido del edificio de la Presidencia Municipal, caminó unos metros hasta donde había dejado su automóvil, detrás de la iglesia San Francisco de Asís, ubicado entre las calles José María Morelos y Antonio Rosales en el Centro. Al llegar un sujeto se emparejó con otro vehículo y le disparó a quemarropa.


La Secretaría de Seguridad Pública ha puesto focos de atención en el mapa político del Estado, sobre todo en el área serrana.

El Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló a Concordia, Rosario, Cosalá, Culiacán, Badiraguato, Sinaloa y Choix como municipios propensos a tener conflictos entre grupos criminales.


Como antecedente, recordó que entre el 24 y 25 de marzo de 2020 grupos criminales asesinaron a Luis Alberto Monárrez, ex policía que era candidato a síndico municipal en Tepuche, al norte de Culiacán, por Morena. Al siguiente día fue asesinado Jovel Pérez Meza, comandante de Policía Municipal adscrito a esa sindicatura.


La violencia se sostuvo en esa región al norte de Culiacán, y el 24 de junio en Bagrecitos, un pueblo perteneciente a la sindicatura de Tepuche, fueron asesinadas 16 personas de una forma grotesca: Hubo hombres que fueron mutilados y decapitados, algunos más fueron heridos con balas y murieron desangrados.


Dos de esas personas viajaban en su motocicleta de un pueblo hacia otro, después de haber dado de comer al ganado, pero se encontraron con los hombres armados y terminaron siendo víctimas de un ataque organizado, de acuerdo con las autoridades, por confrontaciones internas de la organización “Cártel de Sinaloa”.


Las siete amenazas

En un mes de campaña electoral, la violencia se convirtió en uno de los factores principales para inhibir a candidatos y candidatas.


Las autoridades electorales confirmaron siete denuncias por parte de candidatas y candidatos en Salvador Alvarado, Navolato, Culiacán, Mazatlán, Concordia y Escuinapa.


“Hemos tenido siete denuncias, principalmente amenazas o de la presencia de gente armada que inhibe la acción de diferentes candidatos”, agregó Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad en Sinaloa.


De acuerdo con los equipos de campaña de Morena, Movimiento Ciudadano y Redes Sociales Progresistas, parte de esas denuncias corresponden a ataques contra estructuras territoriales y candidatos de esos organismos.


En Sinaloa hay un operativo que se creó en zonas serranas con motivo de resguardo de personas en territorios con alta incidencia criminal para evitar confrontaciones en el proceso electoral, sobre todo en el sur de Sinaloa, donde se observó un efecto de desplazamiento de grupos criminales.


Esos desplazamientos han generado enfrentamientos, donde militares y policías estatales han sido atacados y heridos.

A partir de esa premisa se inició un operativo especial que ha dejado una veintena de personas detenidas y el asesinato de Joel Ernesto Soto, jefe de la Policía Estatal, quien conducía por la carretera en su vehículo sin una sola insignia para tratar de pasar desapercibido.


El ataque se dio a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública con un breve mensaje, sin dar mayor detalle a un ataque por grupos armados.


Esa violencia es la otra cara de la moneda de la participación criminal en las elecciones.


¿Cuánto vale un voto? se le pregunta al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES). Lo mismo que cualquier otro, responden. ¿Pero si es de un líder de un grupo criminal? lo mismo, en la lógica de que sigue siendo uno. Pero esa lógica no es la misma que se encuadra en política sinaloense.


En este estado, la vida política va de la mano con la económica, la social y la criminal. Ese orden fue establecido según la apropiación del territorio por personas y grupos armados en búsqueda de control oficial.

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Marcos Vizcarra es reportero sinaloense especializado en cobertura de derechos humanos. Integrante de Revista Espejo y los proyectos Hasta Encontrarles y A dónde van los desaparecidos.

Democracia entre balas

“Democracia entre balas” es un proyecto del Mexico Violence Resource Project apoyado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego. Para descargar un archivo PDF de los ensayos haga click aquí. Para más información sobre el Mexico Violence Resource Project, visite nuestra página haciendo click aquí.

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