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Democracia entre balas

La Narcopolítica se institucionalizó en la Tarahumara

Patricia Mayorga

Este ensayo es parte del proyecto Democracia entre balas

La cobertura periodística de precandidatos ligados a carteles de la droga en el proceso electoral de 2016 provocó el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea el 23 de marzo de 2017. Cuatro años después, el sistema político-electoral y criminal continúa intacto.


Detrás de ese homicidio hay comunidades completas víctimas de violencia política, porque la corresponsal de La Jornada hizo visible una serie de violaciones a los derechos humanos en la Sierra Tarahumara, tanto de pueblos indígenas como mestizos. La narcopolítica sólo es la muestra del terror y las heridas con los que se han acostumbrado a vivir en esa región.


Estos abusos son parte de un sistema de gobierno, que inherentemente, está entretejido con el crimen organizado. Para gobernar en la Sierra Tarahumara, los partidos políticos hacen arreglos con los representantes de grupos locales con poder, incluso cuando estas personas no tienen una lealtad partidista y tienen lazos conocidos con grupos criminales.


En el actual proceso electoral, el tema de narco política ha dejado de ser un tabú. Los mismos candidatos hablan de éste en sus promesas para recuperar la seguridad en la región y en el estado de Chihuahua.


Como si fuera un campo minado, la ciudadanía de la Sierra Tarahumara y del estado de Chihuahua, acudirá a las urnas a elegir a sus próximos gobernantes. Elegirán al nuevo gobernador, a 67 alcaldes o alcaldesas, 67 síndicos, 33 diputados locales y 9 diputados federales.


Un legado vergonzoso

En 2016, en la lista de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron identificadas personas relacionadas con carteles. Uno de ellos fue el precandidato a la alcaldía de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino del líder del grupo llamado “Los Salazar” del cartel de Sinaloa, Crispín Salazar.


Chínipas se encuentra en la Sierra Tarahumara, colinda con el estado de Sonora y por décadas, la región ha sido controlada por Los Salazar, según han reconocido las autoridades estatales y federales en el juicio contra dos de los imputados en el homicidio de Miroslava. Previo a la contienda electoral, se desataron los índices de violencia en la zona y generó el éxodo de alrededor de 500 familias hacia Sonora.


Otra candidata señalada por su vínculo familiar  en 2016, con otro capo de la droga, fue Silvia Mariscal Estrada, suegra de quien era el líder del grupo La Línea del cartel de Juárez, Arturo Quintana “El Ocenta”, quien fue detenido en 2018.


Bachíniva está ubicado en el noroeste del estado, región que lideraba La Línea, del cartel de Juárez y donde los últimos años ha habido feroces enfrentamientos por la lucha por el trasiego de droga. Bachíniva y Chínipas eran gobernados por Acción Nacional. Los dos precandidatos fueron cambiados por otros, una vez que se publicó su nexo con el narcotráfico.


En Chínipas, el candidato que suplió a Juan Salazar fue Jesús Ramín Quinto Agramón Varela, cercano al mismo cartel y en 2018, el PRI postuló como candidato al actual alcalde que ahora intenta reelegirse en el actual proceso electoral, Salomé Ramos Salmón.


Ramos Salmón es cuñado de Jesús Alfredo Salazar Ramírez “El Muñeco”, detenido en 2012 con fines de extradición a EU. Su hermana es Rafaela Ramos, esposa de “El Muñeco”, quien está acusado de varios asesinatos como el del activista Nepomuceno Moreno en Sonora en 2011 y desapariciones del periodista José Alfredo Jiménez Mota en 2005, también en Sonora.


“El Muñeco” es hijo de “Don Adán” Salazar Zamorano, dueño del cartel Los Salazar, quien fue detenido en 2011. Lo sucedió “El Muñeco” que fue detenido un año después y a éste lo suplió su hermano Adán Salazar Ramírez, asesinado en 2016. Actualmente el capo es Crispín Salazar Zamorano, hermano de “Don Adán”.


Crispín Borunda es señalado como presunto autor intelectual en el caso de Miroslava Breach, pero aún no lo detienen. En diciembre pasado, aprehendieron al exalcalde de Chínipas, el panista Hugo Amed Schultz, acusado de ser cómplice en el homicidio de la periodista.


Como resultado, el PAN no postuló candidato a la alcaldía de Chínipas este año. De ocho partidos que contienden a nivel estatal, sólo tres registraron candidatos: Movimiento Ciudadano, Morena y el PRI.


Cuando el PRI postuló de manera abierta a candidatas y candidatos cercanos a grupos delictivos, el gobernador era César Duarte Jáquez, quien se encuentra preso en Miami, Florida desde el 8 de julio de 2020, con fines de extradición por haber creado una red de corrupción que cruzó todos los partidos en la entidad.


Actualmente, la candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua es María Eugenia Campos Galván, quien fue diputada local en el segundo trienio de Duarte, y ahora está vinculada a proceso porque presuntamente recibió dinero ilícito del gobierno priísta anterior, como parte de la “nómina secreta” de César Duarte.


Duarte utilizó esa “nómina secreta” para comprar voluntades de legisladores, líderes de partido, líderes religiosos y periodistas. En esos pagos irregulares, están implicados personajes de todos los partidos políticos.


Entre los implicados está Cruz Pérez Cuéllar, senador de Morena con licencia, quien es candidato a la alcaldía de Juárez. Él era líder de Movimiento Ciudadano en el gobierno duartista y anteriormente, fue presidente estatal del PAN, de donde fue suspendido.


Otro es Armando Cabada Alvídrez, ex alcalde independiente de Juárez, regresó 4 millones de pesos el año pasado a la Fiscalía General del Estado, para evitar ser encarcelado como parte de la “nómina secreta”. Él era periodista en el gobierno de César Duarte. Ahora es candidato por Morena a una diputación local.


En el gobierno de César Duarte y los primeros dos años del actual gobierno, se registró el mayor número de homicidios de candidatos de la Sierra Tarahumara y de autoridades. Desde 2018, sin embargo, hay menos violencia y en el actual proceso electoral no se han registrado hechos violentos expuestos. De todas formas, desde el inicio del gobierno de Javier Corral en 2016, los índices de criminalidad e impunidad han incrementado.

La Narcopolítica se institucionalizó en la Tarahumara

Foto: Marcos Vizcarra

La narcopolítica se normalizó

En 2018, la oleada morenista no llegó a la Sierra Tarahumara ni a la región noroeste. Allá ganaron candidatos impulsados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también por el Partido Acción Nacional (PAN), algunos cuestionados por su cercanía con grupos delictivos.

La narcopolítica se normalizó, a pesar de las denuncias porque los capos controlan la vida serrana. Los asistentes a actos de campaña y los votantes transitaron entre hombres que con armas largas al costado les advirtieron por quién votar, entre casillas resguardados por ellos. Hubo levantones exprés de militantes opositores al PRI, como en el caso de Guachochi. Los acarreos esta ocasión fueron evidenciados por algunas personas en video.

Desde ese año, los grupos delictivos decidieron apoyar a algunos candidatos a través del PAN, ante el desprestigio generalizado del PRI en algunos municipios y apostaron a figuras priístas en otros.

En la Tarahumara, en el proceso electoral actual, por lo menos 6 municipios serranos registraron sólo de 1 a 3 candidatos o candidatas a la alcaldía porque no hay condiciones para competir: En Morelos sólo tiene candidato el partido de Morena. En Carichí, Cusihuiriachi, Chínipas, Guazapares, Moris y Urique, sólo tienen tres candidatos a cada uno.

Hay denuncias públicas de candidatas y candidatos familiares de líderes de grupos delictivos en distintos municipios, sin que estas denuncias tengan consecuencias.

En el municipio de Buenaventura, la alcaldesa es Miriam Aras Caballero, quien ha sido señalada públicamente en medios locales, como cercana al grupo La Línea a través de su hermano. Ahora, es candidata del PRI, PRD y PAN a la diputación federal por el distrito II.

En Urique, la alcaldesa con licencia pretender postularse a través del PAN. Mayra de Jesús Díaz Gutiérrez hermana de Pedro Díaz Gutiérrez, ligado al líder del grupo que controla la zona por el cartel de Sinaloa, Noriel Portillo, “El Chueco”, quien se encuentra entre los delincuentes más buscados en Chihuahua, según la Fiscalía General del Estado.

Pedro Díaz está implicado en el asesinato del norteamericano Patrick Braxton. También están ligados a las desapariciones de grupos de personas en las minas del municipio. Sus familiares han sido alcaldes por el PRI. Es un municipio que fue gobernado históricamente por el PRI, pero en 2018, decidieron contender por el PAN.

Otro ejemplo es el municipio de Guadalupe y Calvo, que forma parte del Triángulo Dorado porque colinda con las sierras de los estados de Sinaloa y Durango, la región con mayor producción de droga desde hace más de 5 décadas.

En ese municipio, el PAN postuló a Jesús Velázquez Rodríguez, ex priísta presuntamente ligado al narco. Se le conoce popularmente como narcoactor porque participó en la filmación de películas con temas de narco. Ha filmado: “La Ram Blanca”, “Plomo en la Sierra” y “La Manzana de la Discordia”.

Fue muy cercano a César Duarte, pero este año, decidió dejar el PRI porque dijo que se sentía traicionado y el PAN lo postuló, mientras que el PRI designó a Julio César Chávez Ponce, a quien también lo relacionan con el grupo que controla esa región.

En un de los mensajes que envió a los votantes en una de las comunidades de Guadalupe y Calvo, Chávez Ponce, recriminó que Jesús Velázquez haya postulado por el PAN después de ser tres veces alcalde y de que se fue del municipio hace tiempo.

Al referirse al candidato de Morena por la alcaldía de ese municipio, Julio César Chávez dijo que es muy inmaduro y advirtió:

“Pablo Subías… buen chavo, la verdad. Un chavo muy humilde, muy limpio, sencillo, pero muy inmaduro. A él le llaga una llamada de una extorsión, de una bronca, de un pleito de sicarios, se caga con todo respeto… Porque no tiene criterio, ahí los compañeros se lo van a comer. El no está capacitado para nada, sinceramente, de corazón”, concluyó en su mensaje grabado en video.

Como si fuera un campo minado, la ciudadanía de la Sierra Tarahumara y del estado de Chihuahua, acudirá a las urnas a elegir a sus próximos gobernantes. Elegirán al nuevo gobernador, a 67 alcaldes o alcaldesas, 67 síndicos, 33 diputados locales y 9 diputados federales.

En esto, Chávez Ponce reconoció las realidades violentas del municipio. Lo que no dijo fue que la presencia del crimen organizado vuelve a la democracia un prospecto escurridizo. Cuando pocos candidatos y candidatas participan, y quien lo hace parece representar a una población que porta armas, las elecciones no ofrecen a la ciudadanía opciones verdaderas. Y los gobiernos que surgen de estas situaciones fracasarán en proteger a las ciudadanos y ciudadanas contra el abuso.

Esta era la realidad que Miroslava Breach se negó a ignorar.

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Patricia Mayorga es corresponsal de Proceso. Su trabajo incluye reportajes sobre violaciones de derechos humanos, comunidades indígenas, y política en Chihuahua.

Democracia entre balas

“Democracia entre balas” es un proyecto del Mexico Violence Resource Project apoyado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego. Para descargar un archivo PDF de los ensayos haga click aquí. Para más información sobre el Mexico Violence Resource Project, visite nuestra página haciendo click aquí.

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