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Democracia entre balas

La apuesta política de la violencia

Michael Lettieri

Este ensayo es parte del proyecto Democracia entre balas

La violencia política es intrínseca al Estado mexicano y a su historia. Nacida de una revolución armada, forjada en los asesinatos y sostenida por medio de masacres, la política en el México moderno siempre ha estado entretejida con la amenaza o la realidad de la violencia. Es una tradición sombría que ha marcado de manera indeleble la transición democrática; un legado que no sólo define el pasado sino también el presente del país.


Abundan las explicaciones sobre por qué los políticos en México, tanto los candidatos como los funcionarios, ahora son asesinados en números alarmantes, y en muchos sentidos, estas teorías están fundadas en la realidad. Cambios en el crimen organizado como resultado de liderazgos más atomizados, un comportamiento más predatorio y mayor propensión a la violencia en el narcotráfico, ayudan a entender porque los grupos buscarían ejercer control por medio de la violencia. No obstante, aunque las explicaciones materiales nos dan algunas pistas sobre las motivaciones actuales para el uso de la violencia, cuando las divorciamos de la historia y sus hallazgos, solo dan un marco incompleto para entender la violencia política.


Tres preguntas ayudan a darle una perspectiva fresca al panorama actual: primero, ¿qué está en juego en la política y por qué los resultados electorales merecen la comisión de asesinatos? Segundo, fuera de los ciclos electorales, ¿cómo los contextos locales determinan patrones de violencia de largo aliento contra una multiplicidad de actores que son blancos por motivos políticos? Tercero, ¿cuál es el impacto de esta violencia en la gobernanza y la democracia? Dicho análisis requiere una visión amplia sobre la violencia política y sus consecuencias.


El juego

Durante gran parte del siglo XX, las elecciones en México eran supuestamente eventos inconsecuentes, con los ganadores predeterminados y la victoria asegurada por una maquinaria autoritaria bien aceitada. Este mito prevalente, sin embargo, no solo obscurece la violencia represiva en el país, pero también continúa distorsionando nuestro entendimiento de las elecciones tras la supuesta democratización. La realidad es que incluso bajo el régimen hegemónico de un solo partido, la competencia política y electoral, dentro de las estructuras del sistema político fue frecuentemente feroz y ocasionalmente violenta. Durante años, la disidencia únicamente emergió como resultado de esfuerzos frustrados en obtener nominaciones; la ruptura de 1988 solo reflejó a nivel nacional una situación que había ocurrido regionalmente durante décadas.


Esto sugiere que las dimensiones simbólicas de las elecciones eran tan relevantes para la violencia política como las dimensiones materiales. Cuando candidatos rivales al Congreso en 1940 se enfrentaron en un tiroteo por el control de las casillas, sus motivos tenían poco que ver con presupuestos o el crimen organizado. Cuando grupos armados buscaron interrumpir elecciones locales un cuarto de siglo después, lo hicieron porque la disrupción de las elecciones era un acto simbólico poderoso, incluso cuando el resultado de esas elecciones no reflejara necesariamente la voluntad popular.


La democratización no cambió drásticamente estas dinámicas. Conforme la liberalización política avanzó lentamente en todo el país en los años noventa, y disidentes locales encontraron la oportunidad de cambiar el color partidista de los municipios, si no es que la naturaleza del juego político local, la contestación de las elecciones se mantuvo como un proceso generalmente violento. La supresión de protestas después de las elecciones en Michoacán y Guerrero en 1989 y el asesinato de cientos de activistas del PRD en todo el país fueron prolongaciones en vez de novedades. De la misma forma en la que no hubo una ruptura con estas prácticas con la supuesta caída del régimen priísta en el 2000, tampoco hubo un cisma con el comienzo de la supuesta guerra contra las drogas. Si la violencia política contemporánea tiene nuevos impulsores y contextos diferentes, también tiene más de un siglo de historia que nos obliga a considerar por qué las elecciones merecen la perpetración de asesinatos.


Desde esta perspectiva las elecciones importan porque le confieren legitimidad al poder, y esa legitimidad tiene un significado más allá de sus implicaciones prácticas. Es decir, un grupo criminal o un cacique local puede controlar un recurso natural, coaccionar al gobierno municipal a implementar ciertos proyectos, o corromper a las policías locales por medio de amenazas, todo ello sin interferir en las elecciones. Y, ciertamente, interferir en las elecciones puede generar atención externa contraproducente, lo cual sucede precisamente porque la violencia durante las elecciones era usada con algo de discreción durante el siglo XX. Tener el poder legitimado durante las elecciones, aun si está manchado por la coerción, hace más fácil consolidar el poder posteriormente precisamente porque hay un fuerte simbolismo. Es decir, a los grupos del crimen organizado les puede importar los resultados electorales por razones similares a la de otros actores políticos y menos por razones vinculadas con la subversión del Estado para generar ganancias ilícitas.

La apuesta política de la violencia

Foto: Michael Lettieri

Actores

Contemplar un abanico más amplio de razones para la violencia política también supone expandir las definiciones de lo que abarca. No ha habido una falta de violencia que es política—Acteal, Aguas Blancas, Atenco—por ir en orden alfabético, pero estos eventos de represión de alto perfil no proveen necesariamente los cimientos para explicar fenómenos más comunes. Un marco que también considere la violencia contra actores de la sociedad civil quienes no forman parte del sistema político formal genera lecciones importantes. En muchas comunidades los límites entre el periodismo, el activismo y la política son porosos y en la última década estos asesinatos han servido como barómetro de tendencias actuales.


México es, visto desde cualquier métrica, uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y activistas comunitarios. Aunque estas condiciones no son nuevas—el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) contabilizó 11 asesinatos entre 1994 y 2000, y bajo el régimen del PRI los periodistas enfrentaron acoso e intimidación con frecuencia—en años recientes el ritmo de la violencia ha sido extremo. Entre 2006 y 2010 el CPJ contabilizó 35 asesinatos, con 73 más ocurridos en la última década. Un porcentaje sustancial de estos casos es de periodistas cuyo trabajo se enfocaba en cuestiones locales triviales: pavimentado, alumbrado público, recolección de basura. Tal vez por ello, y sin ser sorprendente, Artículo 19 ha encontrado que aproximadamente la mitad de las agresiones contra periodistas derivan de servidores públicos y fuerzas de seguridad, no del crimen organizado.


Las dimensiones políticas de estos casos son frecuentemente claras. Moisés Sánchez amasó un grupo de seguidores en Medellín de Bravo, Veracruz al denunciar la gobernanza municipal que dejaba mucho que desear por medio de mantas, transmisiones desde un megáfono instalado en un auto y redes sociales. Retar a las autoridades por el crimen, la falta de pago de pensiones, y promesas de campaña incumplidas supuso un conflicto con políticos ambiciosos y Sánchez tenía una relación tensa con el alcalde Omar Cruz Reyes. Después de que el periodista fuera secuestrado y asesinado en 2015, las investigaciones vincularon a Cruz Reyes con el asesinato y con la policía local como presuntos responsables. No obstante, el caso continúa sin respuestas y el partido de Cruz Reyes, el PAN, sigue ejerciendo el poder en el municipio, un bastión en un estado de elecciones cerradas. Conforme se acercan las elecciones de 2021, por lo menos un candidato de la oposición a la alcaldía de Medellín de Bravo ha sido atacado y otro ha sido amenazado.


Este tipo de violencia política es tan corrosiva para la democracia como lo son los asesinatos de candidatos o servidores públicos. El hecho de que sea perpetrada por actores políticos enfatiza que las dimensiones simbólicas están entretejidas con motivos materiales. Dentro de estos ecosistemas locales de violencia, los periodistas y activistas son asesinados no porque representen una amenaza directa al control fiscal, por ejemplo, sino porque el exhibir la corrupción pone en peligro la legitimidad conferida por las elecciones. En este sentido, una perspectiva de largo plaza y más amplia genera lecciones importantes.


Al mismo tiempo, el incremento en la violencia dirigida hacia activistas y periodistas se ha empalmado sin duda con el incremento de la violencia criminal, sugiriendo que cambios fundamentales en las dinámicas de la política local han ocurrido desde el inicio de la guerra contra las drogas. Pero estos cambios tampoco pueden atribuirse únicamente al crimen organizado: la combinación de redes sociales y mayor competencia electoral crean un ambiente inestable. Este proceso de apertura política está plagado de tensiones, y en muchas regiones, sigue incompleto. Vale la pena recordar que la alternancia política no ocurrió en Veracruz sino hasta 2016.


Consecuencias

Una visión más amplia de los orígenes y víctimas de la violencia política también contribuye a entender sus consecuencias. Conflictos durante la transición democrática no eran una moraleja: la represión a actores de la oposición no debe obscurecer que muchos actores de la oposición eran miembros de grupos políticos locales que habían visto sus ambiciones electorales frustradas y, al desertar del PRI, no dejaron de lado prácticas violentas. Es decir, medir el efecto de la violencia política es complicado precisamente porque su omnipresencia lo vuelve un ejercicio teórico.

Puede ser que los asesinatos generalizados de candidatos y servidores públicos son, desde una perspectiva histórica, una tendencia pasajera; la presencia de la violencia en la política local, no lo es. Una reducción en los atentados contra los funcionarios puede resultar de varios cambios en el comportamiento del crimen organizado o de patrones de negociación y comunicación, pero no es una medida, en sí misma, del avance de la consolidación democrática.


En cambio, una conceptualización de largo aliento de la violencia como un recurso político, y su uso contra líderes comunitarios y quienes abogan por la transparencia, significa que el reto es mayor fuera de los ciclos electorales. Las y los candidatos elegidos, estén o no vinculados con el crimen organizado, tienen incentivos considerables de entregar beneficios tangibles a su base. De igual forma, los grupos de crimen organizado generalmente intentan cultivar y mantener una base social. El riesgo para la democracia y la gobernanza está menos vinculado con el desvío de recursos municipales hacia los bolsillos de los criminales una vez que comienzan sus funciones que si continúan con sus prácticas de violencia política con impunidad más allá del 6 de junio.

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Michael Lettieri es Investigador Senior de Derechos Humanos en el Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California San Diego y co-fundadora de Mexico Violence Resource Project.

Democracia entre balas

“Democracia entre balas” es un proyecto del Mexico Violence Resource Project apoyado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego. Para descargar un archivo PDF de los ensayos haga click aquí. Para más información sobre el Mexico Violence Resource Project, visite nuestra página haciendo click aquí.

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